jueves, 5 de junio de 2014

IDEAS PRELIMINARES EN TORNO A LA REFORMA EN EDUCACIÓN

IDEAS PRELIMINARES EN TORNO A LA REFORMA EN EDUCACIÓN


Cambio de paradigma

Durante la dictadura militar en Chile, en la década de los 80', nuestro país sufrió un conjunto de transformaciones que afectaron no sólo a la política y a la economía, sino al tipo de desarrollo que incorporó la sociedad chilena. Estas transformaciones se llevaron a cabo sin ningún tipo de participación real de la ciudadanía, sino que se impusieron mediante la violencia, a través de un gobierno que permaneció en el poder durante más de 17 años.

En el ámbito de la educación, en estos 17 años de gobierno militar, entre otras cosas, el gremio de los(as) profesores(as) fue debilitado, maltratado y perseguido; las universidades fueron intervenidas; se privatizó el sistema de educación superior; en el sistema escolar se introdujo la municipalización y la subvención escolar como incentivo económico para el ingreso de gestores privados, traspasando los establecimientos públicos a corporaciones. El modelo de un Estado subsidiario, que vino a reemplazar el de un Estado garante, constituyó el pilar fundamental sobre el cual se asentaron las transformaciones impuestas en aquella época. Posteriormente, los gobiernos de la Concertación profundizaron este paradigma, introduciendo el copago en el sistema escolar, la LGE y fortaleciendo el mercado educativo en todos sus niveles.

En primer lugar, propiciamos un cambio de fondo y no de forma en la concepción vigente en torno a la educación, que debe ser considerada como un derecho social y no como un bien de consumo.


Transparencia a toda prueba

Si bien, creemos en la iniciativa privada y, en el ámbito de la educación, creemos en el apoyo que el Estado debe dar a proyectos que nacen desde diferentes visiones religiosas y culturales (que, sin lugar a dudas, cumplen una labor pública fundamental) pensamos, al mismo tiempo, que las instituciones privadas que reciben apoyo público deben responder, primero que todo, al bien común y deben actuar con absoluta claridad y transparencia, sobretodo cuando se trata de actividades tan sensibles y estratégicas como la educación. Al mismo tiempo, creemos que la sociedad, a través del Estado, debe tomar resguardos para evitar que los proyectos que nacen de la iniciativa privada terminen imponiendo una determinada agenda ideológica, como un mecanismo que justifica la exclusión y la discriminación.

Nos declaramos, por tanto, a favor del financiamiento estatal de las universidades católicas en Chile, específicamente de las que pertenecen al G9. Al mismo tiempo, creemos necesario una legislación que permita un control del Estado sobre TODOS los recursos que manejan estas instituciones y que considere la rendición de cuentas públicas. Por último, pensamos que es fundamental democratizar los espacios internos de decisión.


Descentralización

En términos generales, pensamos que la mejor solución para Chile es un sistema nacional articulado, financiado por el Estado, de excelencia integral e igualitaria, en el que cada región o identidad territorial determine los contenidos, programas y metodologías a aplicar. En este sentido, rechazamos la hegemonía, el centralismo y la uniformidad. Pensamos que es importante revalorizar el espacio de vida de los educandos, en todos los niveles.

En síntesis, propiciamos un sistema descentralizado, participativo y con control comunitario, orientado a entregar oportunidades para todos.


Excelencia académica en la universidad

El concepto de calidad aparece y tiene su origen en la gestión de las empresas y corporaciones, y se expande hacia otros campos de la actividad humana, entre ellas, la educación. Detrás de este concepto de calidad, subyace un fundamento ideológico economicista y neoliberal, que ha conseguido fijar y aplicar un conjunto de estándares de administración para medir y valorar un proceso que pertenece a otra naturaleza. Una pregunta estratégica que necesitamos hacer presente, es si el complejo problema educacional universitario y el mejoramiento de los procesos académicos a las que aluden las demandas estudiantiles y ciudadanas en el Chile de hoy, puede ser abordado desde la noción de calidad. A nuestro juicio, la respuesta es negativa y en este sentido nos inclinamos por el concepto de excelencia universitaria que está más cercano a traducir una concepción efectivamente académica del proceso educativo dentro de una casa de estudios superiores. Desde el punto de vista de la excelencia, la educación no es un acto único, ni sucede en un espacio social o cultural fijo y determinado, sino que se trata de una secuencia compleja de acciones que ponen en movimiento a un conjunto de estructuras y sistemas. Lo que ocurre dentro del aula es, el resultado y el punto de partida de una estructura académica, administrativa, financiera, logística y tecnológica que sustenta la acción pedagógica.

La excelencia académica en la universidad, es un atributo exigible a todos los que concurren al “acto educativo”, tanto directa como indirectamente: alumnos, profesores, administrativos y directivos, siempre entendiendo que “yo exijo, porque me exijo“.

En síntesis, proponemos revisar la preponderancia que ha adquirido la noción de calidad dentro de la educación y, en especial, dentro de la educación superior universitaria y reflexionar en torno a la recuperación del concepto de excelencia, no como un criterio de discriminación, sino que de inclusión positiva exigente.


Eliminación de las pruebas estandarizadas

El modelo de educación incorporado en Chile a partir de la década de los 80' quitó al Estado su papel protagógico en la sociedad y lo redujo a una entidad encargada de repartir "vouchers" y de asistir a quienes no pueden comprar el bien educacional. La hegemonía de este modelo de mercado se ha expresado en el aula mediante el control de la gestión y rendimiento de los actores educativos mediante marcos de actuación y sistemas de evaluación. En esta lógica, la incorporación de las pruebas estandarizadas (siendo la primera de ellas el SIMCE) tuvo como propósito exhibir puntajes “comparables” para las instituciones educativas, imponiendo una dinámica de sobrevivencia individual, cercenando cualquier posibilidad de cooperación y ocultando un efecto atomizador sobre el sistema educativo. Las pruebas estandarizadas en Chile nacieron como consecuencia de la municipalización de las escuelas y la introducción de vauchers, como una forma de tratamiento de shock al sistema público en todos sus sectores. Los pilares de aquel marco institucional se levantaron sobre la base de la represión y control de la acción docente, instalando en su lugar una política de desprestigio y desconfianza hacia la profesión.

El modelo neoliberal incorporó la competencia y la elección de escuelas como acciones reguladoras, afirmando la transformación de la educación en un bien de consumo, susceptible de generar una diferenciación interna de mercados.

La pruebas estandarizadas operan, en la práctica, como una tecnología política cuyo objetivo es producir datos, en su mayor parte numéricos, para establecer jerarquías. La información que se obtiene mediante estas pruebas permite vigilar y gobernar el sistema educativo a través de operaciones a distancia.

Propiciamos, por tanto, la eliminación de las pruebas estandarizadas y pensamos que, en su lugar, el Estado debiese promover la apropiación de experiencias de aprendizaje por parte de los pedagogos y de las comunidades educativas, descontruyendo las condiciones históricas que determinan el presente neoliberal. Un proyecto de esta natruraleza debiese apuntar a fortalecer la confianza en la democracia, como instrumento central para la mejora escolar (y social). En un sistema público de educación las instituciones cooperan entre sí, porque comprenden que la educación es un derecho social colectivo y que se viabiliza en la medida que participamos en comunidades interdependientes.


Protección laboral y valoración social de la profesión docente

Una parte importante de las carreras que entrega la Universidad Católica del Maule está vinculada a la formación de profesores(as). Sin embargo, por las mismas distorsiones que genera un modelo orientado a la mercantilización de la educación y, por ende, a la priorización de la oferta educativa sustentable y/o lucrativa, no ha sido una preocupación política real de nuestra casa de estudios la precariedad de las condiciones laborales en que se desempeñan nuestros profesores(as) egresados(as), en el sistema escolar.

Actualmente, tanto en el sector municipal, como en el particular subvencionado, los(as) profesores(as) trabajan por salarios significativamente inferiores a otros profesionales con años equivalentes de preparación. Así mismo, más de un tercio de los docentes posee condiciones laborales inestables de contrato a plazo fijo, reemplazo o contrato a honorarios. Más de la mitad tiene jornadas parciales, donde debe dedicar un número importante de horas a labores docentes que no son remuneradas.

Creemos fehacientemente que cualquier reforma que se lleve a cabo, debe dignificar, en primer lugar, el trabajo de profesores y profesoras en el sistema educacional, entregando herramientas para la sindicalización y la defensa real de los derechos del gremio docente.

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