viernes, 9 de septiembre de 2011

La propuesta del gobierno: nuevamente el lobo con piel de oveja.

Sobre los doce puntos abordados entre Gobierno y estudiantes
en la reunión del sábado 3 de septiembre

No queremos que con los impuestos de todos los chilenos paguemos la educación de los más afortunados.

Es un argumento falaz que, aparentemente, reclama algo justo, pero que, en la práctica, valida y pretende mantener una falla estructural de nuestro sistema: los "más afortunados" son también chilenos y debieran aportar al país de manera proporcional a la fortuna que el país les permite acumular. El problema es que tienen privilegios y garantías de todo orden que las personas comunes y corrientes estamos muy lejos de poseer. El país les entrega recursos materiales, medioambientales y humanos que ellos no retribuyen en la misma medida. Por lo tanto, el problema no es que los chilenos les paguemos la educación a los más afortunados, el problema es que ellos deben contribuir, como el resto de los chilenos, en proporción a los beneficios que reciben para el desarrollo y el bienestar de todos.


Rol de estado: debe normar, proveer, financiar, regular, garantizar el acceso a ciertos bienes.

La educación sigue considerándose como un bien de consumo y no como un derecho. ¿Cuál es la diferencia entre un bien de consumo y un derecho? En el ámbito del mercado, los bienes se adquieren pagando por ellos un determinado precio. Son cosas, mercancías que se intercambian y que tienen un valor económico. Por su parte, los derechos son normas y principios que rigen el actuar social para alcanzar la justicia, la seguridad y el bien común. El Estado, como forma de organización política de una sociedad, por su naturaleza, debe garantizar derechos, no bienes, independientemente de que los derechos puedan, finalmente traducirse y relacionarse con determinados bienes. Confundir ambos conceptos, no es un simple error semántico, sino que es la expresión de una concepción que reniega del Estado, sometiéndolo a las leyes del mercado; supuestas leyes económicas de valor universal que se ponen por encima de los fines que una sociedad llegue a determinar.


Desmunicipalización: crearemos corporaciones de derecho público, organismos autónomos, descentralizados y administrados por un sistema de alta dirección pública y con participación de padres y apoderados.

Mientras no se cambie el punto de vista con que ha funcionado el Estado en nuestro país desde 1980 y que se expresa a través de la Constitución política, todos los cambios que se hagan tenderán a fortalecer la misma lógica de privatización del sistema educativo.


Lucro: Las instituciones que no cumplen con la calidad no deben recibir recursos del estado. La calidad debe transparentarse y con esto recibir recursos públicos.

Utilizar el concepto de "calidad" para determinar el acceso a los recursos del Estado conlleva una enorme trampa. En primer lugar, excluye los criterios de bien común, equidad y justicia social para utilizar recursos públicos que se generan mediante el trabajo de todos. En segundo lugar, la calidad no es un concepto que aparece de la nada, ni que se sostiene por sí mismo: tiene que ver con algo que se valora de una determinada forma. Alguien valora algo como "de calidad". Por lo tanto, la calidad se relaciona con los fines y las expectativas de alguien. ¿Qué sucede, entonces, en una sociedad donde el poder político, que tiene que ver con los fines comunes, está subyugado al poder económico, concentrado en una clase minoritaria que, además, es propietaria de los medios de comunicación? ¿De dónde surgen las expectativas que determinan la noción de calidad en el ámbito educativo?. ¿A los intereses de quién responde y es funcional el concepto que se tiene de calidad en educación?. Al poner la calidad como el eje que justifica cualquier tipo de lineamiento o decisión que se asume en educación, sin si quiera explicitar en qué consiste ni a las expectativas de a quién responde este concepto, se está cometiendo un doble abuso hacia la sociedad en su conjunto: por una parte, se imparte una educación que funciona de acuerdo a los intereses de un grupo de poder, que desea personas productivas, acríticas y no conflictivas; que, en términos laborales, valora la preparación de buenos técnicos, capaces de seguir instrucciones, ser obedientes y honestos y, además, buenos consumidores, en lugar de buenos ciudadanos. Por otra parte, se utiliza como parámetro este concepto de calidad para repartir los recursos del Estado entre personas y entidades que entienden la educación como un negocio. ¡Y vaya que negocio! Sólo a modo de ejemplo, en el 2000 Laureate International- compró la Universidad de Las Américas (UDLA) en US$26,0 millones y en el 2003 Sylvan concretó la compra del 80% de la Universidad Nacional Andrés Bello (UNAB) y del Instituto Profesional AIEP por un precio de US$37 millones.


Aportes basales para las universidades: el Estado tiene deberes con "dichas" universidades.

Primero que todo, el Estado no es lo mismo que el Gobierno. Un determinado Gobierno administra, en un determinado momento, el Estado, pero el Estado lo constituimos todos. A partir de esto, no es que el Estado tenga "deberes" con las universidades y menos con las universidades públicas que le pertenecen. Dichas universidades SON parte del Estado, que entrega un derecho ciudadano, el derecho a la educación, a la investigación y al conocimiento, a través de ellas. Desde la concepción del Gobierno, lo que está claro es que no van a haber aportes basales, sino recursos concursables que se entregarán, en el mejor de los casos, con alguna ventaja explícita y, probablemente, varias desventajas implícitas, como ha ocurrido hasta ahora, a las universidades "menos privadas" del sistema.


Eliminación de la banca privada en el financiamiento de la Educación: buscar al que mejor pudiera administrar un sistema de créditos, y a menor costo para el Estado y a las familias.

No existe la intención de modificar ni en lo más mínimo la forma de financiamiento para la educación basada en el crédito y en el endeudamiento. Es absolutamente impresentable e indignante que una carrera universitaria termine costando dos y hasta tres veces un valor que ya es excesivo desde su origen, independientemente que ese valor lo pague la familia o el Estado como aval. La banca no tiene NADA que aportar al sistema. Por el contrario, su participación sólo trae como consecuencia endeudamiento para las familias, altos costos para el Estado, y enormes ganancias para los banqueros.


No se está de acuerdo con la creación de una red técnica estatal, con una articulación entre los distintos niveles ya que lo que importa es que haya una oferta de calidad y esto no necesariamente se logra con una red pública.

Para ellos la regulación de la "oferta y la demanda" se debe producir por las leyes de mercado que, al parecer, fueron entregadas a Moises junto con los Diez Mandamientos. No hay lugar para una articulación planificada en el sistema educativo, como sucede con los países que, más allá de lo que declaran, tienen a la educación como una prioridad.


Eliminar las trabas legales que prohíben la organización y participación de los distintos estamentos inmersos en el sistema educativo: están de acuerdo, pero apelan a la autonomía de las instituciones.

Esperemos que al menos existan criterios comunes básicos. Apelar a la autonomía de las instituciones es, también, permitir la falta de participación interna en muchas de ellas que, por sus mismas características antidemocráticas, pueden impedir que los integrantes de sus comunidades se organicen en igualdad de condiciones.


Término del financiamiento compartido: no están de acuerdo. No hay nada de malo con que los padres aporten a la educación de sus hijos, porque era el anhelo de todos ellos.

No hay nada de malo para aquellos padres y apoderados que pueden y quieren pagar. ¿Pero qué pasa con aquellos padres que no pueden o no quieren pagar? Los niños de esas familias ingresan a la educación pública, que acoge, en términos generales, a los estudiantes de las familias más postergadas del sistema, sin darles ninguna oportunidad real de salir de una situación de exclusión y de violencia social. Por lo tanto, son ellos, los niños, quienes deben pagar el costo humano de un sistema discriminatorio. ¿Existe algún interés, por mínimo que sea, en que las cosas cambien de verdad? Para ellos, los que gobiernan, el anhelo de los padres por pagar la educación de sus hijos es algo bueno, positivo, y también rentable económica y políticamente, al igual que la segregación social que existe y que es la base de los privilegios que poseen desde sus emplazamientos de poder. ¿Por qué van a querer cambiar las cosas?

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