miércoles, 7 de julio de 2010

RESPUESTA AL ARTÍCULO DEL SEÑOR GONZALO ROJAS: “¿UNIVERSIDADES PÚBLICAS? ¡TODAS!” INTELECTUAL Y COLUMNISTA PROMOCIONADO POR EL MERCURIO

http://es.wikipedia.org/wiki/Gonzalo_Rojas_S%C3%A1nchez


Para el señor Gonzalo Rojas, como para muchos otros que presumen de tener una mirada “no ideologizada” de la vida, todas las universidades en Chile son públicas y, por tanto, todas merecen el mismo trato. La lógica que hay detrás de sus argumentos es muy simple: las universidades entregan un servicio, lo cual las convierte en entidades públicas y, por lo tanto, el Estado debe apoyarlas. A todas de igual manera y en las mismas condiciones.


Ahora bien, de acuerdo al razonamiento que hace este señor Rojas, las universidades privadas son públicas porque:

"Públicos son sus mecanismos de admisión (cada día más regulados, eso sí) y públicas son también las mallas de sus carreras y los requisitos de promoción y titulación (y bien diferentes entre sí); públicas son sus clases (mientras los alumnos quepan en la sala), y públicas también sus crecientes actividades de investigación, extensión y ventas de servicios (y en varias de las nuevas corporaciones se logran resultados superiores a los de otras más antiguas); público el ingreso a sus campus (aunque en algunas parezcan cementus y haya guardias como si fuesen guaridas); públicas son las contrataciones de profesores (los que, por cierto, comparten frecuentemente su docencia entre las estatales y las de propiedad particular); públicas son las donaciones que reciben (y los donantes proceden sin más distinción que la calidad); pública es obviamente (perdón) su publicidad (lo que les permite a sus potenciales miembros comparar y elegir). "


¿No es, acaso, esta forma de razonar uno de los fundamentos ideológicos que ha utilizado la derecha liberal en Chile y en otros países para privatizar absolutamente todo aquello que son capaces de engullir los grupos económicos que concentran la riqueza? Recientemente en Estados Unidos los especuladores de siempre terminaron poniendo en riesgo la economía de su país y, por ende, la economía mundial, y luego exigieron al Estado que los rescatara de una crisis gigantesca. Algo similar sucedió hacia finales de 1982, cuando el Estado chileno tuvo que “rescatar” a la banca, que absorbía más del 80 por ciento de la deuda externa financiera y del 35 por ciento de la deuda externa total. La privatización de la ganancia y de la utilidad, y la socialización del colapso económico y de la recesión es lo que actualmente mantiene un sistema brutalmente desigual a nivel planetario. Es la misma visión que en nuestro país instaló el gobierno militar en los años 70 y 80 sobre la base de la fuerza y de la represión y que, hoy día, el Ministerio de Educación promueve, casi sin contrapeso político.


Yo pregunto de vuelta, en las instituciones privadas, que tienen dueños, con nombre y apellido, sean éstas empresas, colegios, clínicas o universidades, ¿son, también, públicas las decisiones relacionadas con la gestión de sus recursos humanos y materiales y a la distribución de la riqueza que producen? Pues si lo son, entonces el Estado debe considerar seriamente un modo de apoyar estas instituciones. Si, por el contrario, son manejadas de acuerdo a los intereses y principios de sus dueños, entonces ¿por qué el Estado, que como bien dice el Señor Rojas, maneja los recursos de todos los chilenos, tiene que financiar sus proyectos particulares y subsidiar los millones que se producen para sus directores y propietarios?


En la década de los 80, en el ámbito de la educación primaria y secundaria, se llevó a la práctica la misma “lógica” defendida por el Señor Rojas. Se entregaron los establecimientos públicos a las municipalidades y a los privados. El Estado asumió un rol subsidiario, consistente en otorgar recursos económicos a las escuelas por cada niño que se educaba. Los establecimientos municipales, comenzaron a competir en desigualdad de condiciones con los establecimientos particulares subvencionados, que además de tener facultades para pedir aportes económicos adicionales a los padres y apoderados, podían seleccionar a sus estudiantes. La política definida en el régimen militar continuó en los gobiernos de la Concertación. Desde aquel entonces, el concepto de educación pública ha cambiado. Las municipalidades debieron hacerse cargo de un rubro para el que no estaban preparadas, con resultados desastrosos, persistentes en el tiempo, en la gran mayoría de los casos. Muchos particulares, que pusieron en marcha establecimientos educativos, recibieron durante décadas recursos del Estado, sin tener control ni fiscalización. Algunos de ellos hicieron verdaderas fortunas con un lucrativo negocio basado en el uso de dineros fiscales. Por otra parte, el problema de la calidad de la enseñanza ha sido transversal. Su manifestación más evidente es el estancamiento en los principales indicadores de calidad obtenidos a través de pruebas estándares como SIMCE (que también requieren ser redefinidos desde una perspectiva integral), aún cuando los recursos destinados a educación se han duplicado o triplicado en 30 años. La educación formal está muy lejos de promover la igualdad de oportunidades y, por el contrario, expresa la falta de equidad que existe en nuestro país, situándolo entre los más desiguales de todo el mundo, sólo comparable con naciones africanas como Nigeria.


En el ámbito de las universidades privadas, coexisten en la práctica instituciones con y sin fines de lucro, aún cuando la ley prohibe las primeras. Ambos tipos de instituciones debieran estar permitidas y debiese transparentarse la situación de cada una. Lo que no es admisible es que en la actualidad todas tengan la figura de corporaciones sin fines de lucro, aún cuando muchas de ellas constituyen un gigantesco negocio para sus dueños, que se benefician con una legislación que les permite, entre otras cosas, no pagar impuestos. No es admisible, tampoco, que entidades privadas, que a nadie dan cuenta de su gestión interna, ni de los mecanismos que tienen para contratar y categorizar a sus académicos, ni de las instancias que poseen para dar o no dar apoyo y participación a sus estudiantes, sean tratadas como instituciones públicas y reciban recursos del Estado.


Ya bastante hemos tenido con las consecuencias culturales y sociales y con los malos resultados de una reforma educativa que hace 30 años fue instalada por una dictadura militar que literalmente sentó las bases para que los grupos más poderosos del país saquearan el Estado chileno. Hoy los fundamentos de esa reforma siguen vigentes y es el momento para que aquellos que promovieron las políticas educativas en nuestro país, que son los verdaderos responsables del deterioro de la educación pública y de la mala calidad de la educación en términos generales (más allá de su dependencia), asuman su responsabilidad en el problema. Los profesores que se desempeñan en el aula, son sólo un eslabón de un sistema educativo que no funciona. Si se quiere, realmente, mejorar el tipo de educación que recibirán distintas generaciones en el futuro mediato e inmediato, será necesario pensar los problemas actuales desde un punto de vista integral, con miras a un beneficio colectivo y no desde la defensa de privilegios personales, sectoriales y a corto plazo. Por supuesto que la discusión en torno a los cambios que se pretende llevar a cabo en las universidades requiere este tipo de mirada.

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